Critican colectivos que personal de la Fiscalía que cometió delitos siga laborando allí

Por Máximo Cerdio

Jojutla, Morelos; 26 de mayo de 2025. Amalia Alejandra Hernández Hernández, integrante del colectivo Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla, criticó que el fiscal General Edgar Maldonado Ceballos, está nombrando a personas que han estado involucradas en hechos delictivos, como el titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, Alberto Belmont Gutiérrez, quien participó en las inhumaciones de los cadáveres de 2021 en Tetelcingo en un acto en donde se robaron las carpetas y no se le ha fincado responsabilidad.

También dijo que a la Ministerio Público que lleva el caso Tetelcingo, Vanessa Guzmán, se le ha pedido en muchas ocasiones que inicie con investigaciones en contra del doctor Samuel Nava, para revisar su participación en el Tema de Tetelcingo y Jojutla, además de unos cadáveres que donó a unas instituciones educativas sin que hubiera reunido todos los requisitos para su donación.

En la actualidad Samuel Nava sigue participando, ahora en la reapertura de estas fosas en Jojutla, y Amalia Alejandra Hernández dijo que él no tiene la culpa, la responsabilidad es la de la ministerio Público y más, del fiscal General Edgar Maldonado Ceballos.

Esto lo dio a conocer la vocera del colectivo en el marco del inicio de las labores de exhumaciones en el Panteón Pedro Amaro de Jojutla, que es la cuarta intervención en este sitio, después de las realizadas en 2017, 2022 y 2024 y en donde están participando los colectivos Buscadores del Sur de Morelos, Unión de Familias Resilientes en Búsqueda de sus Corazones Desaparecidos, Regresando a Casa Morelos, Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos y  Desaparecidos de Tetelcingo y Jojutla, con el respaldo solidario de la Brigada Nacional de Búsqueda, y en donde estas agrupaciones expusieron que hasta la fecha se han exhumado 146 cuerpos en este panteón, pero solamente 2 personas han sido identificadas y restituidas a sus familias, las 144 personas restantes continúan en calidad de desconocidas, reflejando la dolorosa y grave crisis forense y de derechos humanos que atraviesa el Estado de Morelos.