Entre irregularidades, inicia intervención de Semefos en Morelos

Leticia Villaseñor

Cuernavaca, Morelos; 21 de junio de 2021. En medio de irregularidades, inició la diligencia ministerial en los Servicios Médicos Forenses (Semefos) en Morelos, con el hurto de carpetas en la Fiscalía Regional Oriente por personal de la Fiscalía Metropolitana.

Este lunes comenzarán los trabajos para inhumar al menos 143 cadáveres y restos humanos de la morgue de Cuautla. Por cada uno debe abrirse una carpeta de investigación que debe contener todas las pruebas periciales así como las acciones emprendidas para su identificación en vida, así como de familiares para la entrega de los mismos.

 

La semana pasada, el fiscal general Uriel Carmona gándara aseguró que son alrededor de 600 carpetas correspondientes a las tres Fiscalías (Metropolitana con 278, Surponiente con 206 y de la Oriente 143) las cuales cuentan con todas las pruebas forenses como la necropsia, pruebas de ADN, fotografía forense, huellas dactilares, entre otras, por lo que tras cuatro años de solicitudes para la intervención de las morgues, finalmente se accedió a ello.

 

Un par de días después de la declaración del fiscal general, integrantes de colectivos de desaparecidos advirtieron la presencia de Alejandro Torres, visitador de la Fiscalía Metropolitana, Fabián Arcos, encargado de Cadáveres no Identificados del caso Tetelcingo y Policías de Investigación Criminal, en la oficina de la Ministerio Público responsable de las carpetas de los cuerpos que serán inhumados.

Dicha intervención, sin permiso ni aviso alguno, continuó el sábado pasado, donde fueron sustraídas un número indeterminado de carpetas, además de otros casos como el de un desaparecido cuya intervención de los funcionarios referidos obstaculizó la búsqueda de la víctima.

 

Los funcionarios fueron videograbados cuando salían de la oficina con las carpetas por una de las ventanas por lo que el caso se denunció ante la Fiscalía Anticorrupción, luego de constatar que el silicón de las ventanas fue removido además de que la capa fue violentada pero sin abrirla. Desde el exterior, la MP constató a través de los cristales las huellas de hurgamiento y declaró que incluso la carpeta en la que trabaja sobre un caso de desaparición que se encontraba sobre su escritorio también fue sustraída.

 

A petición de los familiares de víctimas, se pidió la intervención de la Comisión de Derechos humanos del Estado de Morelos tanto el jueves pasado como el sábado, a fin de que dieran fe de la intervención ilegal de los funcionarios adscritos a una Fiscalía distinta a su oficio de adscripción.

 

Pero no es la única irregularidad que enrarece la intervención de los Semefos. Amalia Hernández Hernández, tía de Oliver Wenceslao, víctima de desaparición y homicidio, cuya inhumación ilegal como desconocido destapó la serie de irregularidades en el caso Tetelcingo, explicó que durante las mesas de trabajo previas a la intervención de las morgues, que tiene un periodo contemplado de 15 días, se solicitó la participación de notarios así como una reunión con ellos para que, conforme a la experiencia tenida tanto en Tetelcingo como en Jojutla, donde se inhumaron de manera ilegal alrededor de 200 cuerpos sin los protocolos de ley, tomen datos específicos de posibles anomalías, así como tomar los nombres de los participantes especialmente de la Fiscalía y que den fe pública, como ocurrió en los lugares antes referidos.

 

«Nosotros podemos hacerlo como colectivos o familiares de víctimas ante los medios de comunicación, pero no tenemos fe pública que deje constancia para fincar responsabilidades a quienes resulten responsables, además de los participantes de las diversas instituciones participantes como las Fiscalías general de la República y del estado, las Comisiones de Búsqueda y de Derechos Humanos, tanto estatales como federales, de la Guardia Nacional y colectivos», señaló.

Lamentó que pese a las reiteradas peticiones, el gobierno del estado siga ignorando esta solicitud. 

 

Derivado de la Recomendación 190 emitida por la Comisión Nacional de Búsqueda, encaminada tanto a la identificación de las víctimas del caso Tetelcingo, como de la No Repetición, hizo mención sobre la base de datos que debe crear el Registro Civil con la expedición de las actas de defunción y de la Secretaría de Salud en cuanto a los certificados de muerte para conocer las causas de los decesos y fechas, lo que tampoco se cumplió.

 

Tampoco se ha notificado al municipio, responsable del panteón, y que es el responsable administrativamente de quienes están ahí enterrados. Además no hay acuerdos expedidos que den constancia del porqué esos cuerpos y restos no fueron inhumados con antelación.

El proceso es que tras 72 horas después del levantamiento del cuerpo o restos humanos, si no ha sido identificado debe remitirse al área de No Identificados de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, que además debe hacer el comparativo con denuncias por desaparición en caso de alguna coincidencia lo cual tampoco se ha cumplido a cabalidad.

Dicha área tiene un lapso de 60 días para proceder a la inhumación si no hace falta ninguna de las pruebas periciales o si no está abierta alguna línea de investigación. En caso contrario debe realizarse el acuerdo donde exponga las causas del porqué no se inhuma, en caso de que los cuerpos tengan más de cinco años en las morgues se debe pedir una orden al juez para su inhumación, tras cumplirse todas las pruebas forenses, lo cual tampoco se ha solicitado.

Están trabajando con desglose de carpetas lo cual no está permitido por ley, para eso se creó la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, abundó.

Ante dichas anomalías, la MP cuyas carpetas fueron sustraídas ilegalmente, se reusó a proceder a la inhumación pero desde la oficina central fue obligada a ello al recibir la orden de Alejandro Cornejo Ramos, fiscal Especializado en Desaparición Forzada de Personas.

Por lo anterior, Hernández Hernández solicitó la intervención de la CDHMor para que tenga copias de las carpetas y entre de lleno a su estudio técnico y jurídico, pero avizoró que el caso deberá ser atraído por la CNDH ante la falta de personal y de capacitación del organismo estatal.

 

Otra irregularidad observada es que diversos colectivos exigen las mismas copias de las carpetas de investigación, sin que se conozcan los fines para los cuales se solicitaron, además de que no tienen injerencia en las mismas.