Confronta intervención de Semefos a familiares de víctimas con Fiscalía

Fosa-común-de-Jojutla

Por Leticia Villaseñor

Cuernavaca, Morelos; 28 de febrero. Los cuerpos en calidad de desconocidos acumulados en los Servicios Médicos Forenses (Semefo) de la tres Fiscalías del estado serán inhumados sin que cuenten con los perfiles genéticos, acusaron María y Amalia Hernández, voceras de la pasada diligencia de exhumación de cuerpos en la fosa de Jojutla.

En rueda de prensa, dieron a conocer que el recién nombrado fiscal Uriel Carmona Gandara pretende inhumar en el panteón ministerial, ubicado en el cementerio Jardines del Recuerdo en Cuautla, 125 cadáveres depositados en la fiscalía metropolitana los días 15, 16 y 17 de marzo próximo, 82 de la oriente los días 21 y 22 del mismo mes y finalmente 146 de la surponiente del 23 al 25 de marzo, por el próximo cambio de domicilio de la Fiscalía General al municipio de Temixco.

A decir de las familiares de Oliver Wenceslao, una víctima de desaparición y homicidio doloso, quien fue inhumado ilegalmente en las fosas de Tetelcingo, en Cuautla, pese a estar plenamente reconocido, el laboratorio con el que trabaja la Fiscalía General y que procesa las muestras genéticas está en vías de certificación y de los 353 cuerpos que pretende inhumar, sólo tiene el 70% de resultados.

Lo anterior lo reveló la propia Fiscalía en el oficio emitido el 19 de diciembre pasado con el número FGE/CCSP/0874/201/ en el que el propio coordinador General de Servicios Periciales, Samuel Nava Vázquez, dio respuesta a un escrito suscrito por las hermanas Hernández.

“En atención a su escrito con fecha 18 de diciembre de 2017, a través del cual realiza diversas manifestaciones y peticiones, me permito informarle que respecto al laboratorio forense, cabe señalar que existe una Unidad de Identificación Humana que trabaja de manera multidisciplinaria en la identificación de los cuerpos que se encuentran en calidad de desconocidos, contando con peritajes de expertos en el área de Antropología, Medicina Legal, Genética Forense, Odontología y Dactiloscopía”.

Familiares de Óliver

Nava Vázquez adujo que el laboratorio a su cargo trabaja en conjunto con la asesoría del grupo Programa de Capacitación Internacional para la Investigación Criminal (Icitap, por sus siglas en inglés), que es un programa estadounidense que trabaja con gobiernos de diversos países para desarrollar instituciones de procuración de justicia profesionales y transparentes que protejan los derechos humanos, combatan la corrupción, y reduzcan la amenaza del crimen y terrorismo transnacionales, según se lee en la página de la embajada de la unión americana.

Sin embargo, en el propio documento oficial admitió que “este laboratorio trabaja con asesoría del grupo Icitap para la regularización de los procedimientos y así la certificación (sic) del laboratorio a mediano plazo”.

En marzo de 2017, en plena diligencia de exhumación de los cuerpos enterrados ilegalmente en el Panteón de Jojutla por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos a cargo de Rodrigo Dorantes, donde más de 80 cuerpos y restos humanos fueron enterrados en el año 2014 sin necropsia, carpeta de investigación ni toma de muestras de perfil genético para su identificación, el recién depuesto fiscal General Javier Pérez Durón dijo desconocer el número de cuerpos en los Semefos.

“En la Fiscalía tenemos el control de los Semefos y sí, tenemos varios cuerpos ahí -dijo con vaguedad-; para ello se están construyendo las nuevas instalaciones de la Coordinación de los Servicios Periciales en el municipio de Temixco, pero no es para el depósito de los cuerpos”, declaró.

Adelantó además que pedirían la ayuda de las instancias federales como la Policía Federal (PF) y de la Procuraduría General de la República (PGR), instituciones que participaron tanto en la exhumación de los 118 cuerpos de las fosas de Tetelcingo, en Cuautla, inhumados en las mismas condiciones que los de Jojutla, para realizar las necropsias, la toma de muestras de perfil genético así como la documentación fotográfica de los tatuajes, vestimenta y cualquier rasgo, dijo, que ayude a su identificación.

Asimismo, en la recomendación 48/2016 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y por acuerdos con el entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, la PF, PGR, Fiscalía de Morelos y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) debían participar en la intervención de los Semefos y seguir el mismo procedimiento que en las exhumaciones de Tetelcingo y Jojutla para lograr resultados óptimos del material genético, el cual debe ser confrontado en bases de datos de familiares de víctimas, tanto estatales como federales, para que, sie es el caso, se logre una identificación de los cuerpos como ocurrió ya en el caso de Tetelcingo que a través de este proceso se entregaron diez cuerpos a sus deudos.

Sin embargo, desde el cambio de rector de la UAEM en diciembre pasado, esta institución educativa ha mantenido silencio en torno al caso de las fosas, por lo que las hermanas Hernández enviaron un oficio remitido al actual rector Gustavo Urquiza Beltrán para que manifieste si la Universidad continuará en los procesos señalados, “a fin de coadyuvar a generar confianza que nos ha cobijado a las víctimas una institución seria, responsable y con conocimiento científico del tema que nos aqueja” y que, señalaron en el escrito, la máxima casa de estudios fue pieza importante para los logros obtenidos.

Sobre la participación de las instancias federales en la toma de muestras y su procesamiento, Amalia Hernández recordó que la PGR se vio involucrada en el tema de la inhumación ilegal de cuerpos en Jojutla, al aparecer dos cuerpos maniatados, vendados, sin necropsia y embalados en esas condiciones por la propia Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) que depende de la PGR, por lo que aseguró que ambas instancias participarán en el muestreo.

También recordó que fueron las instancias federales las que obtuvieron más y mejores resultados en los perfiles genéticos, de manera particular la PGR. Asimismo, recordó que en tras la exhumación de Tetelcingo, ninguna dependencia logró resultados genéticos en seis cuerpos, por lo que un juez ordenó la reposición de las muestras.

Dos de ellos fueron cuerpos que el Semefo donó a la UAEM para la Facultad de Medicina, los cuales por ley se regresaron a las instalaciones del Servicio Forense, la manipulación de los cadáveres y su conservación en formol hizo imposible la obtención positiva de algún resultado; de igual modo, en un cuerpo de un menor de unos dos años de edad, el avanzado estado de descomposición sólo permitió la toma de una muestra más que se llevó la PGR, sin que hasta el momento haya informado de los resultados.

Las hermanas Hernández advirtieron al fiscal Carmona Gandara que de seguir con el proceso de inhumación en Jardines del recuerdo, convocarán a madres de desaparecidos de todo el país para evitar su traslado en dichas circunstancias, ya que de permitir sólo la participación de la Fiscalía y avalar los resultados de un laboratorio sin certificación, no habrá fundamento legal para una exhumación futuro ante la incertidumbre de resultados.

Tras las declaraciones de los familiares de Oliver Wenceslao, la Fiscalía emitió un comunicado en el que aseguró que al momento, se tiene prácticamente finalizada la etapa de toma de muestras genéticas que este gobierno inició para la identificación de los cuerpos y de igual forma, se asumió la responsabilidad social de abrir la fosa común en la comunidad de Tetelcingo, para dignificar los espacios y lograr la identificación de las víctimas, proceso que por muchos años se había dejado abandonado y que esta administración inició.

El respeto a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, no puede ser vulnerado por ningún proceso y de ello, la Fiscalía ha dado cuenta y garantía total, si bien es cierto, a través del Congreso del Estado de Morelos se designó al fiscal general, las instituciones se encuentran fortalecidas y centran sus trabajo en la observancia de la ley, expuso el documento oficial.